La ministra de Gobierno, Teresa García, señaló que en la provincia de Buenos Aires hay countries y clubes de campo que no abonan sus impuestos desde hace 20 años.
“Es lógico que cada uno pague lo que debe”, remarcó la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, en una nueva embestida de la administración de Axel Kicillof a los propietarios de los countries que hay en su distrito.
Según datos de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), un 25% de los barrios cerrados existentes “no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes”. Esto significa una pérdida de 1.500 millones de pesos al año para el fisco bonaerense.
La ministra García, que también es la encargada de la creación de un mapa de tierras en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, destacó que hay countries, clubes de campo y barrios cerrados que no pagan impuestos desde hace 20 años por no tener presentado el total de la documentación.
“Por vía satelital y chequeo con los municipios, tenemos relevados alrededor de 1.100 barrios. Hemos modificado una reglamentación y 97 pueden ponerse en norma. Hay una gran cantidad ya regularizada”, dijo la ministra al ser entrevistada en Radio Provincia.
“Hay 350 barrios convalidados, 602 fuera de norma –esto es que son barrios loteados que por diferentes razones no pudieron poner en regla– y además se anotaron 97 emprendimientos en el Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados”, dijo García.
Con respecto a los datos de ARBA, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, había dicho durante el fin de semana que “no había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y sobre ella hay montados muchísimos negocios privados. La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”.
Las declaraciones de Kicillof se realizaron en medio de polémica de tierras en Guernica y a la espera de una orden judicial que dictamine el desalojo de las tierras fiscales mientras el gobierno trabaja contrarreloj para la reubicación de esas 2.500 familias.