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NUEVAS CÁRCELES
Aval de Diputados a la expropiación de 7 inmuebles para la construcción de cárceles

Las nuevas unidades penitenciarias estarán emplazadas en 5 distritos del Conurbano, lo que generó pujas entre los legisladores.

La cámara de Diputados bonaerense aprobó la expropiación de siete inmuebles ubicados en 5 distritos del Conurbano para ser destinados a la construcción de nuevas cárceles, en el marco del plan del Gobierno provincial para descomprimir las situaciones de hacinamiento que se viven en los penales, y que terminaron, en los días de la asunción de Axel Kicillof, en una masiva huelga de hambre de presos.

El proyecto, que ahora deberá ser refrendado por el Senado, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación siete inmuebles ubicados en los partidos de Moreno (2), Quilmes (2), Merlo, La Matanza y Tigre. Allí el Gobierno construirá cárceles y alcaldías departamentales que tendrán por objetivo descomprimir la situación actual de hacinamiento, reconocida por el Ejecutivo, lo que motivó la declaración de la emergencia para el sector.

El proyecto fue objeto de muchas pujas en la Legislatura debido a la ubicación de los establecimientos carcelarios: desde el oficialismo, el diputado Jorge D’Onofrio defendió los emplazamientos al alegar que la mayoría de las situaciones de hacinamiento ocurren en el Conurbano, y que construir cárceles en el interior significaría alejar a los detenidos de sus familias.

Cuando el proyecto se convierta en Ley el Gobierno tendrá 10 años para terminar la construcción de los complejos carcelarios. Aunque en el Ejecutivo reconocen que el problema requiere de soluciones urgentes: en el proyecto enviado a la Legislatura se reconoce la sobrepoblación existente “supera el 100%” de la capacidad posible. Es decir: que donde debería haber una persona, actualmente hay dos.

La iniciativa señala que entre 2016 y 2019 “se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de su libertad”, pasando de 35 mil a 49 mil presos, con una tasa de prisionalización (detenidos cada 100 mil habitantes) que subió de 240 a 308, sin demasiados cambios en la cantidad de plazas disponibles.

En los considerandos, además, se destaca que esta circunstancia “elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento”, por lo que “el Estado provincial se encuentra impedido de garantizar los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional”.