La nafta subió un 10 % a comienzos de mayo y la cuenta ya da 30 % desde la llegada del nuevo gobierno, haciendo que el precio del petróleo en nuestro país sea uno de los más caros en toda Latinoamérica. Este incremento afecta directamente la cadena productiva en el sector rural, sobre todo.
Sube la nafta, sube el transporte que lleva la producción a distintos puntos de nuestro país. Esto repercute automáticamente en los precios de los artículos que consumimos día a día en nuestra mesa. Además, lo hace sobre las maquinas utilizadas por el sector para la cosecha como también, en un transporte muy frecuentado por los chivilcoyanos como son las motocicletas. Es decir, en vez de ser una medida para frenar o disminuir la inflación, produce su escalada, que en abril fue un 8 % (según promedio de consultoras), la más alta desde junio de 2002 (8,2%).
Si bien puede verse una pequeña merma en su consumo, el combustible es fundamental no solo para los trabajadores del sector rural sino para aquellos que tienen la obligación de viajar a sus trabajos y no pueden prescindir de “cargar el tanque”.
A contracorriente del discurso oficial del gobierno que con la quita de retenciones las economías regionales iban a recuperarse, no previeron -o no les importó- que el aumento en el precio del combustible iba a afectar directamente los costos de producción. En el sector se consume 4500 millones de litros anuales. Lo mismo que le quitaban las retenciones, hoy lo pierden en la producción con la suba de la nafta. Sumándole a esto, la inflación y los tarifazos que también repercuten en su vida diaria.
Mientras en Rosario se derraman litros de leche y el sector tambero está devastado, el discurso de la recomposición de las economías regionales termina siendo solo eso, discurso.
Ahora, tenemos un nuevo importador de gas: Chile. El acuerdo que teníamos con Bolivia para abastecer de gas todo nuestro territorio, se suspendió provisoriamente. Según declaraciones oficiales del Ministro de Energía Juan José Aranguren, el país boliviano no tiene las reservas de gas suficientes para exportar, cuestión desmentida por el propio gobierno de Evo Morales. Esto también se da en el marco de la nueva política internacional de Cambiamos, más cercana al Tratado Transpacífico con base en EEUU y del que Chile forma parte, que la unión latinoamericana lograda con los organismos Mercosur y Unasur.
Lo cierto es que ahora compramos gas a Chile y cuesta 53 % más caro que el gas natural que llega por barcos y 128% más que las importaciones de Bolivia. El país trasandino firmo un acuerdo con la empresa British Gas. ¿De quién es esta empresa que traerá el gas a la Argentina? Del grupo Rogal Dutch Shell PLC. ¿Les suena? Shell, empresa de la que fue director el ministro de energía hasta junio del año pasado, en la que tiene acciones clase A por 13 millones, compró en 2015 la empresa British Gas. Es decir, Aranguren está beneficiando a su empresa -en parte- de la cual todavía es accionista. No solo con esta medida. A Shell se le adjudicaron 7 de las 8 licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país y también, la suba en las tarifas de gas fue a parar a las arcas de su compañía. ¡Manejan el Estado como una empresa! Lo más grave es que según la ley de ética pública 25.188 Art. 13, no puede tomar medidas en su rol de funcionario público que beneficien a las compañías en las cuales participo por al menos 3 años. Por esto se le inicio una causa penal que hoy está en la justicia.
“Si el consumidor cree que el precio de la nafta es alto, deja de cargar” dijo Aranguren que no entiende que la teoría de la oferta y la demanda es difícil de aplicar a las necesidades básicas, en este caso en elementos que tienen que ver con el transporte y el trabajo de cada ciudadano. Pasa que las personas no somos números y el Estado no es una empresa con “balances contables”. El consumo cayó casi 4% y probablemente caiga más haciendo que en el segundo semestre la inflación baje, pero eso implicara que cada vez más argentinos caerán en la pobreza. (Un millón y medio nuevos según la Universidad Católica Argentina).
Además, 150 mil despidos entre el Estado y el sector privado, creciendo el índice de desempleo que no es otra cosa que una amenaza para arreglar paritarias a la baja (Prat Gay dijo que los trabajadores/as decidan entre mantener el laburo o aumento de salarios). En este tiempo de gobierno, se trasladó la renta de los sectores populares a los sectores concentrados de nuestra economía rápidamente. Están intentando recuperar una parte de lo que perdieron en estos años.
Movimiento Popular Patria Grande