El modelo productivo latinoamericano es extractivista desde la colonización y así permanece. Pero ¿Somos realmente independientes si no tenemos soberanía sobre nuestros alimentos o simplemente estamos pasando de la mano de una empresa a otra? Este modelo llevado a cabo en nuestros países es profundamente depredador tanto para la naturaleza como para el ser humano. Uno de los países más perjudicados por esta política de producción es Argentina. Nuestra economía se basa principalmente en la exportación de materia prima extraída del cultivo intensivo y extensivo de granos, la megaminería a cielo abierto y la extracción de petróleo de forma no convencional como en el caso del fracking.
La siembra de variedades mejoradas de distintos granos y el uso de fertilizantes y herbicidas es una forma relativamente nueva de cultivo que modificó radicalmente la agricultura global bajo el pretexto de paliar la desnutrición en un mundo superpoblado a través de producciones masivas. Si la mayoría de los granos cultivados se destinan a la industria textil, la alimentación de ganado y la fabricación de biodiesel ¿Es realmente el objetivo de esta agro-industria la erradicación del hambre? Y más aún: ¿cuánto sabemos de estos productos químicos? El uso de estos químicos y el monocultivo intensivo produce un impacto ambiental altamente nocivo, ya que destruye la mayoría de los microrganismos reduciendo la fertilidad del suelo y poniendo en riesgo la biodiversidad de nuestros ecosistemas.
Al fumigar los cultivos con herbicidas se elimina también toda vida vegetal excepto la especie modificada genéticamente para resistirlos. Las investigaciones realizadas por el Doctor en Ciencias Biológicas Fernando Mañas y el equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) confirmó que la exposición a los agroquímicos genera daño cromosómico aumentando exponencialmente el riesgo a padecer cáncer a mediano y largo plazo, enfermedades cardiovasculares, abortos espontáneos y malformaciones congénitas relacionadas con la genotoxicidad.
En la provincia de Buenos Aires rige la Ley 10.699, sancionada en 1988, que regula la aplicación de los productos agroquímicos y fitosanitarios. Esta ley regula la distancia en las aplicaciones: establece que las fumigaciones aéreas deben realizarse a más de 2 km de los centros urbanos, pero no estipula ningún marco regulatorio para las terrestres. Esta omisión en la legislación bonaerense ha habilitado a los municipios a generar sus propias normativas. En la localidad de Alberti, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sentó jurisprudencia en 2012 impidiendo toda fumigación terrestre en un límite inferior a los 1000 metros del ejido urbano.
Exigir el cumplimiento del derecho a la salubridad es una urgencia en nuestra ciudad. Para eso es necesario impulsar los controles adecuados para asegurar la protección del medio ambiente y de nuestra salud. Nos preguntamos ¿Qué pasará ahora con las familias y los vecinos de los pueblos rurales? ¿Tendremos que tolerar las pulverizadoras pasando por las puertas de nuestras casas, de nuestras escuelas? Por eso reafirmamos que es necesario generar una ley de agrotóxicos que fije límites reales a las pulverizaciones, que establezca criterios de peligrosidad en base a pruebas propias. Una ley que proteja a la población, una ley en beneficio de las grandes mayorías. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de nuestra tierra y nuestra salud? Las únicas cosechas posibles bajo este modelo, además del dinero que acaparan pocas manos, son pueblos envenados, bebés con malformaciones, tasas de cáncer inéditas, abortos espontáneos, ríos sin peces, bosques sin árboles y enfermedades sin cura.
Para generar conciencia y debatir posibles soluciones ayer desarrollamos la primera jornada “Comparte Conciencia” que se realizó en el día de ayer en el Parque “Cielos del Sur”. Esta jornada constó de: la proyección de la película «La Tierra Roja», con la participación de su productor y cineasta Jorge Aranda y la presentación del proyecto «El agua pide auxilio» de los alumnos de la escuela n° 7.
Karen Alesi y Milagros Cascales, integrantes del Foro Ambiental Chivilcoy.
Karen y MIlagros yo entiendo la preocupación que ambas tienen con respecto a las aplicaciones de fitosanitarios pero hablen con propiedad, no se dice fumigar sino pulverizar. El problema no son los agroquímicos sino el uso que hacemos de este, cualquier principio activo puede ser peligroso, lo importante es realizar aplicaciones cuando se debe hacerla, utilizando el criterio del manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades y que éstas estén a cargo y bajo la responsabilidad de un Ingeniero Agrónomo, no que cualquiera sin ni siquiera sabe que es lo que está aplicando tome determinaciones al respecto de algo que ni siquiera sabe como está compuesto.Su editorial es muy generalista y tendenciosa, bajo argumentos poco claros y convincentes.Más allá de todo esto estoy de acuerdo que las aplicaciones en zonas urbanas deben estar reguladas y controladas por profesionales idóneos. Vivimos en una ciudad donde el agua que sale de nuestra canilla no se puede beber ya que cuenta con un porcentaje de arsénico ( este elemento químico es propio de nuestro suelo no depende de la agricultura que realizamos aclaro) que la hace perjudicial para la salud y en nuestra ciudad hacemos la plaza principal dos veces en 10 años, manejo de prioridades no?Un saludo y busquen más información y hablen con gente idónea no solamente con gente que habla por una posición politica a favor o en contra d eun sector en particular. Suerte!