Profesionales de la salud bonaerenses que atienen a través de obras sociales comenzaron a cobrar bonos extra por gastos operativos (de hasta $ 1.000) en consultorios, luego de haber sido habilitados para avanzar en ese sentido por el Colegio de Médicos; IOMA advirtió que se trata de una maniobra “irregular e ilícita” y semana que viene habrá una reunión para tratar de destrabar la situación.
La polémica se originó con la resolución N° 1033/2022 del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires publicada el pasado 3 de junio. Allí, el organismo que nuclea a profesionales de la salud creó el “Valor Módulo Gasto Operativo de Consultorio (Módulo G.O.C)” con el objetivo de “posibilitar la percepción de gastos operativos de las atenciones médicas” en consultorios.
A través de la normativa, el Colegio habilitó a los médicos a “reconocer la percepción” de uno de estos módulos, con un valor de hasta $ 1.000, “por cada atención profesional que se brinde” y avisó que actualizará periódicamente el valor del mismo. Entre las justificaciones, el sector habla de los “continuos incrementos de los gastos operativos”.
La implementación del bono extra es de “carácter voluntario” para los profesionales (o sea, pueden optar por no cobrarlo). “Él o la profesional que implemente el Módulo M.O.C informará dicha medida a sus pacientes exhibiendo en su consultorio cartelería clara”, señala la resolución del Colegio.
La mutual estatal bonaerense IOMA salió en los últimos días a rechazar el cobro extra al sostener que “esa exigencia de dinero es ‘irregular e ilícita’ por encontrarse fuera del convenio existente entre las personas afiliadas a la obra social y los médicos prestadores”.
“Ese convenio regula el vínculo entre las partes y cualquier exigencia de dinero a las y los afiliados por fuera de lo pautado en ese acuerdo es considerada un ‘cobro indebido’”, informó IOMA. Y advirtió que “el Colegio de Médicos no tiene la facultad de disponer un gasto por consultorio”.
La mutual avisó también que realizó las correspondientes denuncias ante el Ministerio de Justicia y el de Salud de la Provincia de Buenos Aires para que tomen intervención.