La propuesta, que deberá ser analizada por ambas cámaras del Congreso, excluye a la inflación como método de ajuste y se determinará por la evolución de los salarios y de la recaudación impositiva. Regiría a partir de marzo próximo y fija que los aumentos se aplicarán dos veces por año, en marzo y septiembre.
El oficialismo finalmente definió este lunes 9 de noviembre cómo será su propuesta de la nueva fórmula para definir la movilidad jubilatoria. El proyecto que se mandará al Congreso busca que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación, como ocurrió entre 2008 y 2017, y que el nuevo esquema rija desde 2021.
Así se acordó en el marco de una reunión que las principales espadas del Frente de Todos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque del FdT, Máximo Kirchner, mantuvieron en el Ministerio de Economía, para definir la propuesta de movilidad que el Poder Ejecutivo Nacional pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.
Del poder Ejecutivo estuvieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, entre otros. El proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Anses y el Ministerio de Economía, informaron.
La fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley 26.417, que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017 y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno).
Jubilaciones: bases a tener en cuenta para el diseño de la nueva fórmula de movilidad
Economía informó que la fórmula que se propone es «sustancialmente la misma a la sancionada en el 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el 2015».
Se espera que la fórmula, que deberá comenzar a regir en el 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes, gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES.
Economía consideró que «una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos».
«Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019)», se indicó.
También propone volver a hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, para disminuir la volatilidad y reducir la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019.
Plantea ajustar el componente de salarios por el RIPTE, que se trata de un «índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas».
En cambio, sostiene que las mediciones del INDEC (que son muy útiles a otros efectos porque captan la evolución de los salarios del sector informal) «se basan en encuestas que incluyen trabajo informal».
Se indicó que con la nueva Ley de Movilidad buscamos el consenso entre todas las fuerzas políticas. La reglamentación e implementación de esta ley recaerá en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y en la ANSES.