La Corte Suprema ratificó una sentencia que marca un precedente clave en materia de derecho al agua en la provincia de Buenos Aires.
Después de más de una década de lucha judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a garantizar el suministro de agua potable segura en Chivilcoy, en cumplimiento estricto con lo establecido por el Código Alimentario Argentino: menos de 10 microgramos de arsénico por litro.
El caso se originó a partir de un amparo colectivo presentado por nueve familias chivilcoyanas que, cansadas de convivir con un servicio deficiente, decidieron llevar su reclamo a la justicia. La acción judicial expuso una problemática estructural: durante años, ABSA se amparó en una normativa provincial desactualizada que toleraba hasta cinco veces más arsénico del nivel permitido a nivel nacional. El límite provincial, de 50 microgramos por litro, contrastaba de forma alarmante con los estándares internacionales y nacionales de salubridad.
La sentencia —que ya había sido favorable para los vecinos en primera y segunda instancia— quedó firme tras el rechazo del recurso de queja presentado por ABSA. La decisión de la Corte no sólo ratifica la obligación de la empresa de adecuar su servicio a los parámetros legales, sino que también ordena la construcción urgente de una planta de ósmosis inversa que permita tratar el agua de manera efectiva.
Además, el fallo impone un control riguroso al sistema: el Organismo de Control del Agua de la Provincia de Buenos Aires (OCABA) deberá realizar monitoreos bimestrales, con criterios transparentes y accesibles para la población.
Sin embargo, mientras la Justicia avanza, la realidad cotidiana de miles de chivilcoyanos sigue siendo la misma: deben pagar mensualmente la factura del servicio de agua corriente —que, en muchas zonas de la ciudad, además, es de baja presión— y, al mismo tiempo, asumir el costo adicional de comprar bidones de agua apta para consumo. Esta doble carga económica impacta de lleno en el presupuesto familiar y es una injusticia persistente, ya que los vecinos pagan dos veces por un derecho que debería estar garantizado.
El pronunciamiento judicial constituye un hito para Chivilcoy, pero también un llamado de atención para toda la provincia. Por primera vez, se sienta un precedente tan contundente sobre la obligación del Estado y las empresas prestatarias de garantizar un derecho básico y no negociable: el acceso a agua potable segura.