Tras lo sucedido con «Chano» Moreno Charpentier, entró en cuestionamiento nuevamente la Ley de Salud Mental vigente en la Provincia de Buenos Aires.
La ley de Salud Mental está nuevamente en el ojo de la tormenta, tras el incidente ocurrido con Chano Moreno Charpentier, quien recibió una herida de bala por parte de un Policía, por la que fue intervenido, tras sufrir un brote psicótico.
“La paradoja de esta ley es que ha hecho que los pacientes no estén bajo el ámbito de salud sino bajo el ámbito de la justicia criminalizando sus actos y recibiendo balas en vez de tratamientos”, dice el médico psiquiatra Bernardo Carricart (MN 114548 y MP 2476), quien es integrante de la Cámara Argentina de Establecimientos de Salud Mental (Caesme).
Cabe recordar que la «Ley de Salud Mental (N°26.657), votada en el año 2010, aunque cueste creerlo, fue hecha sin la participación de las asociaciones de médicos psiquiatras.
Entre sus puntos más polémicos la misma dispone el cierre de los establecimientos psiquiátricos en un plazo de diez años (vencido), el incremento del presupuesto para la especialidad hasta un 6% del presupuesto de Salud y la creación de “dispositivos intermedios” para sustituir las clínicas y hospitales que debían cerrar. El tema es que el primer punto está vencido, pero en cuanto a los otros puntos vale preguntarse ¿se cumplió?, y, por otro lado, vale cuestionarse ¿se sustituye a los psiquiatras a la hora de tomar decisiones respecto a los pacientes, y yendo aún más lejos, ¿se los criminaliza?
En otro aspecto, también se cuestiona el artículo 20 de la Ley que trata sobre la internación voluntaria, que dice que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional” y que “sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.
En este punto, es donde algunos profesionales se cuestionan si se está poniendo la libertad por sobre la salud de la persona.
De hecho, la propia madre del Chano expresó en declaraciones a la prensa, llorando: “Solo pido que hagan algo por la Ley de Salud Mental porque estamos todos los padres de los enfermos de adicciones. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Las mamás de todos los ´Chanos´ que sufren adicción que piden ayuda y no tienen respuestas».
En este mismo sentido, el defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, admitió que la Ley de Salud Mental “no brinda respuestas adecuadas” en casos como el del músico que “lamentablemente no fue un episodio aislado”.
E incluso reconoció que “hay numerosas familias que vienen reclamando poder internar a sus hijos que sufren problemas de adicciones”.
“El paradigma tal como está actualmente hace que la persona llegue hasta su límite, lleva a poner en riesgo su propia vida o la de terceros”, admitió. Y dijo que el caso de Chano refleja una situación “que se repite diariamente”. “Madres, padres, hermanos, familiares, amigos, que reclaman que alguien ayude a sus seres queridos que sufren en carne propia las adicciones y ya no pueden valerse por sí mismos, siendo peligrosos para sí y para terceros”, manifestó.
Y agregó: “La perspectiva de derechos no debería anteponerse a la perspectiva de salud, especialmente en situaciones de riesgo efectivo”.
En tanto, Carricart sostuvo: “Es importante remarcar que ya existe, de hecho, un alto porcentaje de transferencia de camas del ámbito sanitario al ámbito penal -denuncia-; cama que se pierde en un centro especializado es una cama que será ocupada por un paciente psiquiátrico en un penal”.