Tras la intervención de la Justicia, el martes se trasladó a la última persona que permanecía en la clausurada granja de rehabilitación.
Esta persona estaba bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Acto seguido, el juez de Paz, Eduardo Banchero, dispuso la colocación de la faja de clausura en las instalaciones.
El proceso se inició a raíz de una denuncia realizada por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre distintas irregularidades en el funcionamiento del centro y disturbios en el barrio. Luego de la inspección ocular y la correspondiente investigación se confirmó que dicho establecimiento operaba sin las habilitaciones requeridas.
Ante esta situación, se decidió su cierre definitivo. Para ello, se trabajó en conjunto con el Servicio Penitenciario, el Patronato de Liberados y las familias involucradas, otorgando los plazos necesarios para atender cada caso.