PUBLICACIÓN PEDIDA
Desde Cladem Argentina, Andhes y las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas, profesionales y de derechos humanos abajo firmantes repudiamos la denuncia maliciosa por homicidio calificado, impulsada por un grupo de abogados de sectores antiderechos, contra las doctoras Cecilia Ousset, Romero y el doctor José Gigena quienes realizaron la Interrupción Legal del Embarazo, a través una microcesárea a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación.
En primer lugar, advertimos que en la práctica realizada por los médicos NO HAY DELITO. La interrupción legal del embarazo (ILE) está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En dicha resolución, la Corte determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.
La denuncia, además de no tener asidero legal, constituye un serio amedrentamiento hacia profesionales que lo único que hicieron es cumplir con el derecho al aborto no punible de Lucia, donde se cumplimentaron los requisitos por la causal de la violación. Además, teniendo en cuenta que el retraso de dicha intervención se produjo por las dilaciones de los funcionarios y equipo de Salud de Tucumán. Estos obstáculos afectan gravemente la salud de Lucia y constituyen tortura.
Por lo tanto, la denuncia es improcedente y la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios Nº 1, debe desestimarla y no darle curso. El solo hecho de citar a indagatoria puede considerarse prevaricato y podrá dar lugar a acciones legales en su contra por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Giannoni fue denunciada recientemente por los delitos de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí por su accionar en el caso Lucía. Recordamos que el 11 de febrero las autoridades del Hospital del Este recibieron una advertencia de apercibimiento de Giannoni mediante el Oficio 10/2019. Su accionar malicioso y contrario a la ley generó el clima necesario para este tipo de denuncias. Es, al mismo tiempo, quién en su Fiscalía colgó carteles “no cuenten conmigo” cuando la Cámara de Diputados dio medio sanción a la ley para la legalización del aborto. Consideramos que la fiscal actúa bajo los mandatos de su ideología y no apegada a lo que dicen las leyes vigentes.
Es innegable que la intención de la denuncia tiene como objetivo, además, lanzar un mensaje disciplinador para que los médicos y médicas se nieguen a garantizar derechos que ya existen.
El Estado argentino ya recibió el apercibimiento de dos organismos internacionales por las violaciones de los derechos humanos de Lucía. Desde Naciones Unidas consideraron que las restricciones en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos mientras que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará condenó la violencia institucional a la que fue sometida la niña.
Por todo esto, instamos a la fiscal Adriana Giannoni a frenar con la intimidación hacia profesionales que solo cumplieron con las leyes. No hay delito que investigar: exigimos el inmediato archivo de la causa. Reiteramos nuestro apoyo a Gijena y Ousset y al resto de los profesionales de la salud comprometidos con los derechos humanos de las mujeres.
Comisión directiva CICOP seccional Chivilcoy