Cinco mujeres de entre 24 y 44 años fueron detenidas en Chacabuco tras una serie de allanamientos que expusieron, una vez más, el crecimiento del juego clandestino. Las sospechosas están acusadas de integrar una red que operaba de manera casi invisible desde perfiles de WhatsApp y redes sociales, donde se promocionaban apuestas y créditos ilegales.
La investigación, iniciada el mes pasado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11, puso el foco en una modalidad que se multiplica: estructuras delictivas que funcionan íntegramente online, captan apostadores jóvenes y reclutan intermediarios, conocidos como “cajeros”, que gestionan el dinero desde sus casas. Para muchos, se presenta como una forma de ganar plata “rápido y fácil”, pero detrás hay una maquinaria clandestina altamente rentable y sostenida por organizaciones que se aprovechan de la vulnerabilidad económica.
Un engranaje digital que opera en la sombra
Las detenidas, identificadas como V.J. (44), V.D.S. (36), N.A. (34), C.C. (39) y L.D.A. (24), fueron arrestadas tras siete allanamientos donde también secuestraron celulares, notebooks y una CPU: las verdaderas “herramientas de trabajo” de estas redes.
En sus perfiles públicos, varias de ellas se presentaban directamente como “cajeras” o compartían banners que buscaban sumar más personas a ese rol. En la práctica, estos intermediarios son el primer eslabón visible del circuito clandestino: reciben el dinero de los jugadores, cargan créditos en cuentas no habilitadas, gestionan pagos y funcionan como soporte ante los apostadores. Su tarea, completamente virtual, convierte cualquier hogar en una pequeña oficina de recaudación ilegal.
Vulnerabilidad y captación
Lejos del estereotipo de grandes operadores delictivos, muchas de las mujeres detenidas muestran trayectorias laborales irregulares o inestables: empleos formales breves, monotributo básico, ventas informales de ropa o comida y hasta rifas para cubrir gastos familiares. Algunas perciben asignaciones sociales. Esa situación de fragilidad económica es un terreno fértil para que estas redes capten mano de obra barata y descartable.
El atractivo es evidente: trabajar desde el celular, sin horarios fijos y con ingresos que superan con facilidad a un empleo formal. Pero la ganancia real no queda en manos de los “cajeros”; la concentración del dinero está en las organizaciones clandestinas que administran decenas de sitios de apuestas ilegales.
Un negocio millonario y en expansión
Ante este panorama, hay un fenómeno que crece con velocidad: jóvenes endeudados, adultos que pierden ahorros completos y un ecosistema delictivo que se fortalece aprovechando la falta de regulación digital.
En la actualidad, se reciben muchas denuncias de familias cuyos hijos, menores de edad, terminaron internados en centros de rehabilitación tras perder grandes sumas de dinero. La recaudación proveniente de menores es un patrón ya detectado en diversas causas.
El rol de las redes sociales y la legitimación del riesgo
El impacto más visible de estas prácticas ocurrió este año con el caso de 16 influencers como L-Gante, Wanda Nara y El Polaco, que promocionaron casas de apuestas no autorizadas. Con millones de seguidores, los contenidos funcionaron como una gigantesca vidriera para plataformas ilegales y normalizaron la actividad entre el público adulto, pero también del joven.
Un problema que deja de ser marginal
Las detenciones en Chacabuco muestran que el juego clandestino ya no se reduce a cuevas físicas ni a organizaciones ocultas, como en el pasado, ya que es un mal de todos los tiempos, sino que ahora se despliega en redes, funciona con la lógica de las plataformas digitales y utiliza intermediarios reclutados entre personas comunes, muchas veces sin plena conciencia o conocimiento del riesgo penal.
La combinación de necesidad económica, anonimato digital y la falsa idea de “dinero fácil” alimenta un circuito que hoy mueve millones y afecta a un sinfín de personas, entre ellos adolescentes y jóvenes. Detrás de cada “cajero” hay una estructura clandestina que se beneficia de la vulnerabilidad social y que sigue creciendo, mientras la Justicia intenta desarmar un negocio que ya se volvió cotidiano. [Con información de Infobae]