En un contexto marcado por la persistencia de una inflación que, aunque escondida en los discursos oficiales, sigue golpeando los bolsillos del ciudadano común, las dificultades se multiplican de manera alarmante. Basta ver los incrementos sufridos durante el 2024 en algunos rubros fundamentales como la electricidad que acumuló una suba del 189 por ciento y el gas, del 564 por ciento. Por otro lado, las empresas de medicina prepaga siguen haciendo y deshaciendo a su antojo y los laboratorios también se trepan a los incrementos en salud ajustando los precios de los medicamentos un alarmante 250 por ciento. En el tema vivienda podemos ver que los contratos de alquiler que se rigen por la antigua ley también aplicarán aumentos, en este caso superando el 208 por ciento.
A pesar de las promesas grandilocuentes como “Vamos a terminar con el cáncer de la inflación”, surge una inquietante interpretación de esta afirmación: que al final del proceso no se eliminará el problema, sino que la inflación quedará instalada como un cáncer crónico, sin cura.
La afirmación, contrariamente a lo que pretende expresar, blanquea como “acto fallido” que el problema económico no hará más que enquistarse, dejando a los ciudadanos enfrentados a una pérdida constante de poder adquisitivo, aunque el gobierno nos siga mintiendo al decir que los salarios crecen al igual que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Mientras tanto, la economía atraviesa una recesión profunda que destruye puestos de trabajo y debilita sectores estratégicos de la industria nacional, como no se veía desde la crisis del 2001. Solo está de parabienes, como siempre, la industria financiera que solo produce más concentración económica.
La brutal apertura de la economía ha expuesto a los productores nacionales a una competencia desleal, condenándolos al cierre masivo y facilitando el ingreso de bienes extranjeros sin control. En este proceso, mediante el RIGI, los bienes naturales nacionales estratégicos se venden o concesionan a precios irrisorios, sin generar beneficios tangibles para la sociedad.
Por el contrario, estas medidas solo enriquecen a una élite privilegiada aliada al capital extranjero, mientras las mayorías sufren el mismo empobrecimiento generalizado y sistemático de siempre.
El Estado, que debería actuar como un escudo protector, se sigue retirando progresivamente de sus responsabilidades fundamentales ensañándose especialmente con los jubilados y los sectores más vulnerables.
La educación y la salud, que constituyeron pilares esenciales para garantizar la equidad y el bienestar social, se ven severamente afectados por la falta de presupuestos adecuados.
La confesión de “terminar con el cáncer de la inflación” implica en su trasfondo oscuro una resignación a la permanencia de este mal, confirmando que el panorama es, después del paso de los libertarios, aún más desolador.
El riesgo no solo radica en perpetuar una economía inflacionaria, sino en consolidar un modelo donde la desigualdad, el saqueo de los recursos nacionales y la reconfiguración del rol estatal convierten en norma la Justicia en privilegios para pocos y exige la existencia de un aparato represor que discipline a la ciudadanía y desplace a la democracia.
Sí, “Vamos a terminar con el cáncer de la inflación” conviviendo con ella para siempre y como consecuencia del modelo libertario. El presidente se ha confesado.