La iniciativa presentada por los diputados del MID, busca eliminar los beneficios establecidos por las Leyes 21.540, 22.430, 22.731 y 24.018, y en su lugar, aplicar las normas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24.241) a todos los exfuncionarios, según lo publicado por el portal La Cuarta Online.
Un nuevo proyecto de ley – titulado “derogación de pensiones y jubilaciones de privilegio” –presentado por los diputados Eduardo Falcone y Oscar Zago propone con que se deroguen las Leyes 21.540, 22.430, 22.731 y 24.018, que actualmente otorgan beneficios previsionales especiales a ciertos funcionarios.
Se sugiere que los beneficiarios de los regímenes derogados se incluirán en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y además se establece que el Presidente de la Nación (al finalizar su mandato) recibirá una asignación mensual vitalicia equivalente al 80% de la remuneración del Presidente en ejercicio. Por su parte, se invita a los expresidentes, vicepresidentes u otros exfuncionarios a renunciar voluntariamente a sus privilegios y aceptar la nueva asignación propuesta.
Los autores del proyecto argumentan que el sistema previsional argentino demostró ser insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado a la mayoría de los jubilados, mientras que exfuncionarios gozan de privilegios injustificados. Señalan que el objetivo es racionalizar el gasto público y eliminar estas disparidades, alineándose con el deseo del electorado de reducir los impuestos y liberar las fuerzas productivas del país.
Quienes firman destacan que el proyecto tiene antecedentes en gobiernos anteriores, incluyendo la dictadura militar y la administración de Carlos Menem. En particular, se menciona el Decreto-Ley 21.540 de Jorge Rafael Videla, que beneficiaba a altos “funcionarios eclesiásticos” y la Ley 24.018 de Menem, que extendía privilegios a una amplia gama de funcionarios públicos.
Sumado a esto, los autores del proyecto citan ejemplos internacionales, como el tratamiento de expresidentes en Estados Unidos, para justificar la asignación especial al Presidente argentino. Según ellos, esta medida no sólo es justa, sino que también sigue un modelo exitoso de reconocimiento a quienes supieron servir al país en el más alto cargo.
Si bien la iniciativa generó un amplio debate dentro del ámbito político, algunos consideran que es un paso necesario para lograr una mayor equidad en el sistema previsional. Otros, argumentan que ciertos roles, como el de Presidente de la Nación, requieren un trato excepcional debido a sus atribuciones. El proyecto de ley será debatido en el Congreso en las próximas semanas y obviamente, los autores esperan que sea aprobado, representando un avance significativo hacia una Argentina en donde los beneficios previsionales “sean accesibles” para todos “sin privilegios indebidos”.
Quienes hoy gozan de este beneficio, debe recalcularse y aplicar a partir de la vigencia de esta ley.
De acuerdo con lo del Presidente, excepto quienes estén imputados de corrupción, quienes deberán percibir la mínima.