Las fotomultas en la provincia de Buenos Aires han generado polémica por la falta de transparencia, las irregularidades en su implementación y el evidente carácter recaudatorio del sistema. Políticos involucrados en redes de corrupción, empresas concesionarias beneficiadas con negocios millonarios y dispositivos mal señalizados son solo algunos de los problemas que subyacen.
El reciente caso de Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense, puso nuevamente el foco en este tema. Su renuncia se produjo tras ser vinculado a un escándalo de corrupción relacionado con la eliminación o reducción de multas de tránsito a cambio de sobornos. Esto ha reavivado las críticas hacia el sistema de fotomultas, conocido popularmente como «cazabobos».
Principales cuestionamientos al sistema
1. Carácter recaudatorio por sobre la prevención:
Aunque las fotomultas deberían contribuir a mejorar la seguridad vial, en la práctica parecen enfocarse en recaudar dinero. Los dispositivos están frecuentemente mal señalizados o carecen de información clara, lo que dificulta que los conductores puedan ajustarse a las normas.
2. Privatización de funciones públicas:
En la provincia, empresas privadas gestionan las fotomultas: instalan y mantienen las cámaras, procesan las infracciones y reciben un porcentaje de las recaudaciones. Esto ha generado dudas sobre el control estatal en la supervisión de estas concesionarias y el manejo de los recursos obtenidos.
3. Errores en las multas:
Según datos de los juzgados bonaerenses, más del 50% de las fotomultas emitidas presentan errores que las invalidan. Sin embargo, estas infracciones son igualmente procesadas, dejando en manos del infractor la responsabilidad de impugnarlas. Además, muchos conductores no reciben notificaciones en tiempo y forma, lo que resulta en montos actualizados de manera desproporcionada al momento de gestionar un libre deuda.
4. Falta de transparencia y seguridad vial:
Más allá de las irregularidades en las fotomultas, la mayoría de las rutas provinciales están en pésimo estado. Esto refleja un sistema que, lejos de velar por la seguridad de los ciudadanos, prioriza intereses económicos.
Un sistema que exige reformas inmediatas
El panorama actual deja a los conductores en una situación de total indefensión. Con un índice de errores en las multas que oscila entre el 60% y el 70%, el sistema no solo carece de credibilidad, sino que también se ha convertido en un negocio lucrativo para unos pocos.
Es urgente que se implementen reformas que garanticen la transparencia, la correcta señalización de las cámaras y un enfoque real en la seguridad vial. Sin estos cambios, las fotomultas continuarán siendo símbolo de un sistema ineficiente, corrupto y al servicio de intereses privados.
A.V.