Con el nuevo ajuste dispuesto por la Provincia, el costo del trámite obligatorio ya roza los $100.000. Los propietarios de vehículos denuncian un esquema recaudatorio y reclaman por el mal estado de las rutas.
Con el nuevo ajuste dispuesto por la Provincia, el costo del trámite obligatorio ya roza los $100.000. Los propietarios de vehículos denuncian un esquema recaudatorio y reclaman por el mal estado de las rutas bonaerenses.
Tal como había sido anticipado, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicó este viernes un nuevo aumento del 22% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite obligatorio para circular que ya roza los $100.000 para los autos particulares. La medida generó un fuerte rechazo entre los automovilistas, que denuncian un esquema meramente recaudatorio y sin mejoras visibles en la infraestructura vial.
Con esta actualización, los vehículos livianos deberán pagar $97.057, las motos $38.801 y los vehículos pesados hasta $174.604. El ajuste alcanza a todas las categorías y se suma a una suba acumulada del 54% en apenas un año, bajo la administración del gobernador Axel Kicillof.
En la provincia circulan cerca de 3,5 millones de vehículos obligados a realizar la VTV, lo que convierte al sistema en una fuente de recaudación millonaria para el Estado bonaerense. Sin embargo, los conductores cuestionan que ese esfuerzo económico no se traduzca en rutas seguras, denunciando el mal estado generalizado de las rutas.
Pese al deterioro de la red vial, la VTV sigue siendo obligatoria para los vehículos con más de dos años de antigüedad o más de 60.000 kilómetros recorridos, y su incumplimiento puede derivar en multas que alcanzan los $1.710.000.
Desde distintos bloques de la oposición, legisladores ya alzaron sus voces en contra del aumento, advirtiendo que la Provincia vuelve a ajustar por el lado de los contribuyentes sin ofrecer soluciones concretas a los problemas estructurales del tránsito y la seguridad vial.
Mientras tanto, el Gobierno bonaerense avanza con nuevos incrementos que asfixian el bolsillo de los vecinos, en un contexto económico adverso y con servicios públicos que no muestran mejoras acordes al esfuerzo que se exige a los ciudadanos.