OPINIÓN
La baja de la edad de punibilidad no resuelve los problemas de inseguridad, ya que es mínimo el porcentaje de adolescentes menores de 15 años de edad que cometen delitos graves.
El oportunismo y la demagogia del gobierno de Cambiemos se hace evidente una vez más al instalar a comienzos de un año electoral el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los adolescentes. Pretendiendo con ello intentar desviar la atención de la ciudadanía frente a los gravísimos problemas que preocupan a la gran mayoría de los argentinos como la inflación, el aumento desmedido del precio de los alimentos, el brutal aumento de tarifas, la pérdida de puestos de trabajo, la gran desocupación, la pobreza, el inédito endeudamiento y también la inseguridad.
La baja de la edad de punibilidad no resuelve los problemas de inseguridad, ya que es mínimo el porcentaje de adolescentes menores de 15 años de edad que cometen delitos graves. Así también la respuesta punitiva en la edad del desarrollo no socializa ni educa, sino que empeora las relaciones de exclusión, la estigmatización y la violencia con la sociedad.
La función del Estado respecto de los adolescentes en conflicto con la ley penal debe hacerse presente por medio de las instituciones especializadas que deben estar atentas a las situaciones de vulnerabilidad de los mismos y adoptar las medidas adecuadas al caso particular, conforme lo establecen las leyes vigentes en la materia 26.061 a nivel nacional y 13.298 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
La responsabilidad del Estado frente a la Niñez y la Adolescencia en nuestro país según lo que establece la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional es la de garantizarles la educación pública, gratuita y de calidad, el acceso a la salud pública, a la alimentación, entre otros derechos básicos. Contrariamente a ello el gobierno de Cambiemos recorta por decreto, como ocurrió en 2018, el presupuesto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para reasignarlo, paradójicamente, a seguridad.
La baja de edad de punibilidad como pretende instalar el gobierno produciría el ingreso a menores de 15 años a un sistema penal que no asegura las garantías de juzgamiento y que de ninguna manera resuelve ni disminuye los actos delictivos. El sistema penal es estigmatizante, selectivo y discriminatorio porque elige a los más débiles y a los más pobres, a aquellos que tienen historias de vida en las que se les han vulnerado sus derechos.
Este tipo de respuestas a las situaciones de delincuencia no hacen más que negar las causas que la producen. Lo que provoca violencia social no son justamente los niños, niñas y adolescentes. La realidad es que lo que provoca violencia social es el modelo de país que lleva adelante el gobierno de Cambiemos, “quien hace todo lo que dijo en campaña que no iba a hacer” constituyendo un verdadero fraude al electorado, con la consecuente exclusión y empobrecimiento en la gran mayoría del pueblo argentino, un endeudamiento que compromete nuestro futuro y el de varias generaciones, pero por sobre todo grandes beneficios a los grupos económicos y sus aliados en el gobierno.
Quienes desempeñamos un cargo de representatividad política en un Estado de Derecho no podemos admitir este tipo de respuestas demagógicas a problemas tan graves para la sociedad y alentamos la esperanza de lograr a corto plazo un modelo de país más justo y que nos incluya a todos.
Claudia Bogliolo | Concejal PJ Cumplir