Un centro de rehabilitación que operaba sin habilitación fue clausurado tras una investigación judicial impulsada por la denuncia de vecinos. El juez de Paz, Eduardo Banchero, reveló serias irregularidades, desde la falta de personal profesional hasta la reubicación de internos que aún figuraban en un centro ya incendiado, generando preocupación por la situación de vulnerabilidad de las personas alojadas.
En una entrevista concedida al diario La Razón, el juez de Paz, Eduardo Banchero, ofreció detalles sobre el procedimiento que culminó con la clausura de la granja de rehabilitación «Hasta el último día». Tras una inspección, se constató que el establecimiento operaba sin la habilitación necesaria y sin haber iniciado los trámites para regularizar su situación.
El juez explicó que, debido a la preocupación de casi cien vecinos que derivó en una denuncia, las autoridades enviaron a la Policía para inspeccionar las instalaciones y verificar la documentación requerida. Sin embargo, los encargados del centro negaron el ingreso a los oficiales, lo que obligó al juez a presentarse en el lugar para efectuar una inspección ocular.
Durante este procedimiento, se evidenció la ausencia de un registro adecuado. «No existía constancia de un director, vicedirector o jefe médico, que en estos casos debe ser un psiquiatra, así como tampoco de otros profesionales capacitados a cargo de los internos», indicó el letrado. Asimismo, Banchero detalló que «los internos con tobillera electrónica aún figuraban bajo la órbita de un centro en Bragado que dejó de operar tras sufrir un incendio, a cargo de un señor llamado Julián Coronel». En lugar de solucionar estos problemas, «los responsables alquilaron una finca para continuar funcionando sin cumplir los requisitos básicos ni iniciar procesos formales de habilitación».
El magistrado subrayó los serios incumplimientos detectados: ausencia de matafuegos y camas suficientes eran solo algunas de las falencias más evidentes. En este sentido, Banchero sostuvo que «este centro no contaba con ningún registro oficial ante la Subsecretaría de Adicciones ni con la aprobación de Bomberos; tampoco estaba inscrito en el Registro Provincial de Comunidades ni en el Registro de Deudores Morosos». «Únicamente alquilaron un inmueble y trasladaron allí a las personas que provenían del centro en Bragado», sentenció.
El juez añadió que se les dio tiempo a los responsables para regularizar su situación. No obstante, al comprobarse que no habían avanzado en los trámites exigidos, se decidió proceder con la clausura oficial, otorgando plazos prudentes considerando la vulnerabilidad de las personas involucradas y notificando a todos los organismos pertinentes.
Respecto a las personas alojadas en el lugar —alrededor de cien, según lo indicado— se reveló que trece portaban pulseras electrónicas. «Esto llevó a coordinar su reubicación con el Servicio Penitenciario», detalló Banchero, quien agregó que «entre los casos más preocupantes se encontraba el de un individuo condenado por robo agravado, lo que generó inquietud razonable entre los vecinos».
El juez también señaló graves deficiencias en el sistema judicial, dado que «algunos tribunales continuaron derivando casos al centro en Bragado, desconociendo que este ya no operaba y las personas eran enviadas directamente a la granja». Además, aclaró que «las familias cayeron en una estafa, ya que el supuesto centro carecía incluso de personería jurídica o de un registro de las historias clínicas de los residentes».
El escenario es aún más complejo dada la presencia de personas provenientes de otras provincias como Río Negro, Neuquén y Chaco. Ante esto, Banchero solicitó al municipio brindar alojamiento temporal para resguardarlos. En paralelo, aquellos judicializados están siendo reubicados bajo la jurisdicción correspondiente. Una vez desalojadas las instalaciones, se colocarán precintos de clausura con vigilancia policial para impedir cualquier intento de reingreso.
Sobre esta situación, el Juez de Paz subrayó que «los padres confiaron en falsas promesas», realizadas por personas irresponsables. «Aunque pagaban cuotas bajas y otros recibían apoyo del Estado por tratarse de internos judiciales, los servicios prometidos eran inexistentes», afirmó.
De esta manera, en respuesta a las críticas de algunos familiares y parte de la comunidad por la decisión tomada, enfatizó: «No soy la autoridad de aplicación en este caso; ese rol le corresponde al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde mi posición no tenía otra alternativa más que proceder con la clausura».
«Estamos constantemente trabajando en este tema, monitoreando cuántos residentes quedan y manteniéndonos en contacto con todos los organismos involucrados para garantizar que cumplan con sus responsabilidades», aseguró y expresó que «es una situación realmente dolorosa, porque como padre uno se siente afectado, pero también debo cumplir con mis deberes desde la función pública».