Si no se trata este año, perderá el estado parlamentario.
En Argentina, sólo en 2020, se arrasaron cerca de 350.000 hectáreas de estos ecosistemas, como consecuencia de los incendios que afectaron a más de 1 millón de hectáreas en todo el país (un pico nunca alcanzado, al menos, desde que se comenzó a compilar la información en 1999) y fueron especialmente crudos en las islas del Delta del Paraná, en el Litoral.
Pese a ello, y al amplio reclamo popular, en la Argentina no existe aún una ley que los proteja.
Geografía nacional
Los humedales albergan una destacada y muy rica biodiversidad, y prestan servicios ecosistémicos imprescindibles para los seres humanos. Regulan y purifican el agua, reducen el riesgo de inundaciones, estabilizan las costas, protegen contra tormentas, retienen y exportan sedimentos y nutrientes, mitigan el cambio climático, proveen de alimentos, son ejes de recreación y turismo, y más, mucho más.
El 21,5% (más de 600.000 kilómetros cuadrados) del territorio argentino está cubierto por estos ecosistemas. Los hay del extremo sur, en la provincia de Tierra del Fuego, al norte, en la Quiaca (provincia de Jujuy). Y 23 de ellos —un total de 5.687.651 hectáreas— están incluidos en la Red de Sitios Ramsar, que nuclea a los considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales.
Desde ríos, lagos y lagunas, hasta salinas, vegas y turberas, pasando por albuferas, pastizales y más, no sólo embellecen los paisajes del país, sino que prestan vida a cada una de sus regiones. Y hoy están gravemente amenazados.
Actividades productivas como la megaminería de litio en las salinas o lagunas del Norte argentino, las construcciones ilegales en las turberas de la Patagonia, los endicamientos y canalizaciones tanto en el Litoral como en la región Centro, o los megabarrios cerrados en la provincia de Buenos Aires, afectan no sólo el equilibrio dinámico de los humedales, sino también la economía tradicional de las comunidades que viven gracias a ellos.