La iniciativa se desarrolló con el propósito central de exigir la declaración de la emergencia nacional en materia de discapacidad. Entre los pedidos se destacan la actualización de los sueldos para los prestadores y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
Con la consigna “Emergencia en Discapacidad Ya”, un grupo de prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad se congregó este jueves por la mañana en la Plaza 25 de Mayo. Esta movilización, parte de una protesta nacional, buscó dar visibilidad a un pedido urgente: garantizar y sostener las prestaciones que las personas con discapacidad necesitan para vivir con dignidad.
La iniciativa se replicó en numerosas localidades de Argentina, con el objetivo principal de demandar la declaración de la emergencia nacional en discapacidad, un tema que se discutirá la semana próxima en la Cámara de Diputados de la Nación.
Uno de los reclamos apunta a la necesidad de mayor agilidad en las auditorías vinculadas al Sistema Nacional Único de Salud para Personas con Discapacidad, administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad que “hoy enfrenta demoras significativas”, según explican los demandantes.
Asimismo, familiares y profesionales que prestan servicios insisten en que “los ajustes salariales deben alinearse con los índices de inflación”. “Desde diciembre pasado, no tenemos aumentos y muchos lidiamos con pagos retrasados durante tres o incluso cuatro meses”, afirman.
Además, subrayan que “estas demoras golpean directamente a los beneficiarios”, dado que “las terapias no pueden interrumpirse” porque su continuidad es crucial para el bienestar de quienes las reciben, y, a su vez, denuncian que “la maraña burocrática y las trabas impuestas por algunas obras sociales complican su sostenimiento”.
Otro aspecto destacado del reclamo tiene que ver con la protección de los derechos básicos que garantizan una asistencia integral para las personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, una persona empleada en un taller protegido percibe apenas 28.000 pesos al mes, una cifra que resulta ampliamente insuficiente para cubrir las necesidades mínimas.
La protesta también denuncia el vaciamiento de marcos legales clave como la Ley 24.901, vigente desde 1997, que establece los servicios esenciales para habilitación y recuperación de personas con discapacidad, y la Ley 27.044, sancionada en 2014, que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.