La situación de los acompañantes terapéuticos se torna cada vez más crítica. A los bajos salarios y los pagos demorados se suma una creciente desregulación que afecta tanto a quienes ejercen la profesión como a las personas que necesitan del acompañamiento.
Profesionales del área señalan que el problema no es exclusivo del sector, sino que este recorte en discapacidad golpea también a otros prestadores.
Uno de los mayores reclamos es hacia las obras sociales, que no sólo pagan con demoras de entre tres y seis meses, sino que también confunden o tergiversan los roles.
Exigen ser psicólogos, psicopedagogos o docentes especiales para cumplir tareas de acompañamiento terapéutico, cuando son una figura distinta. Incluso en PAMI los identifican como ‘cuidadores’, lo que no refleja ni su formación ni sus funciones.
Además, muchas obras sociales desconocen el título universitario de acompañante terapéutico, lo que dificulta aún más la cobertura para los pacientes y la inserción laboral formal para los profesionales. Esta situación, según indican, deja en evidencia una falta de regulación clara y una deuda con una profesión fundamental para el bienestar de muchas personas.
A pesar de la importancia del acompañamiento terapéutico, la situación laboral de quienes lo ejercen atraviesa una crisis profunda. Denuncian que no reciben aumentos desde noviembre de 2024 y que, además, el nomenclador no se actualiza: muchos están cobrando entre 2600 y 3900 pesos la hora.
Esto ha llevado a que muchos profesionales se vean obligados a dejar la actividad o complementar con otros trabajos.
Desde el colectivo de acompañantes terapéuticos insisten en que la sanción de una Ley de Emergencia y una actualización del nomenclador es fundamental para poder sostener este trabajo esencial que, muchas veces en silencio, mejora la calidad de vida de cientos de personas.