Tras los festejos de Navidad y en la antesala de Año Nuevo, surgieron algunas quejas de vecinos en Chivilcoy por el uso de fuegos artificiales sonoros, una práctica que se encuentra prohibida por la ordenanza municipal N° 8356, vigente desde el 2016.
A pesar de las reiteradas campañas de concientización impulsadas año tras año desde el Municipio, orientadas a proteger a personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores, personas con sensibilidad auditiva y animales, el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro volvió a hacerse sentir en distintos puntos de la ciudad durante la noche del 24 de diciembre.
Las quejas se expresaron principalmente a través de redes sociales, donde muchos ciudadanos señalaron no sólo el perjuicio que genera el ruido, sino también la sensación de falta de control efectivo al momento de hacer cumplir la normativa.
Como ocurre cada año, se suscrita el reclamo de mayor presencia del Estado y sanciones más severas para quienes incumplen la ordenanza. En este contexto, la principal dificultad señalada es la limitada capacidad de control en las viviendas particulares y en la venta ilegal.
Sin embargo, como contracara a esto, cabe remarcar que la Secretaría de Seguridad informó en las últimas horas que se labró una infracción a un evento bailable, conocido como la «SantiFest», que tuvo lugar el jueves a la madrugada, por el uso de pirotecnia sonora.
Pero lo ocurrido en Chivilcoy no es un caso aislado. En gran parte del país se repite una situación similar: ordenanzas vigentes, campañas de sensibilización sostenidas, pero serias dificultades en la implementación y el control del uso de pirotecnia sonora durante las fiestas.
Mientras tanto, el debate en Argentina continúa centrado en si la prohibición se cumple o no y en cómo mejorar los mecanismos de fiscalización.
La situación contrasta con lo que ocurre en muchos países desarrollados de Occidente, donde el debate ya dio un paso más. Allí, el eje no está puesto en el cumplimiento de la prohibición, sino en cómo reemplazar la pirotecnia tradicional por alternativas menos nocivas: espectáculos oficiales centralizados, pirotecnia silenciosa, shows de luces o drones, y una regulación más estricta del uso individual.
En Chivilcoy, como en gran parte de la Argentina, el desafío sigue siendo cerrar la brecha entre la norma y la realidad. La reiteración de las quejas vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de profundizar el debate, fortalecer los controles y avanzar hacia formas de celebración que contemplen el derecho al festejo sin vulnerar el bienestar de otros.