La Justicia confirmó que 111 personas murieron como consecuencia del consumo de fentanilo contaminado, la sustancia que desató una de las peores crisis sanitarias en el país. El relevamiento oficial evaluó 159 casos, de los cuales 48 pacientes sobrevivieron tras haber estado expuestos al opioide adulterado.
Personal del Cuerpo Médico Forense continúa analizando las muestras recibidas. Si estos estudios ratifican los datos preliminares, podría agravarse la situación judicial de 14 personas procesadas y detenidas por su presunta responsabilidad en los hechos.
Entre los involucrados está Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalado como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud».
Según las imputaciones, el empresario habría intervenido junto a 16 empleados de ambos laboratorios en “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” que permitieron la adulteración del lote 31202 del fentanilo. Ese lote estaba “destinado al uso público sanitario” y contaba con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024.
En paralelo con la investigación judicial, familiares de las víctimas continúan reclamando justicia, exigiendo que los responsables sean condenados por haber provocado lo que consideran la peor crisis sanitaria del país, vinculada a la inoculación de un opioide contaminado.