La histórica clínica de Chivilcoy atraviesa una crisis profunda marcada por salarios impagos, reducción drástica de personal, juicios en curso y una parálisis casi total de la atención médica. Trabajadores y vecinos alertan por el impacto sanitario y reclaman definiciones ante un posible cierre definitivo.
La profunda crisis que atraviesa el IMO expone las deudas salariales millonarias y el vaciamiento institucional que está aconteciendo, pero también interrogantes sobre responsabilidades, silencios y decisiones que impactan de lleno en la atención de la salud a nivel local.
Desde hace unos años, el personal administrativo, de mantenimiento y profesionales de la salud denuncian el incumplimiento sistemático en el pago de sueldos, aguinaldos y aportes jubilatorios. Actualmente, según relataron los propios trabajadores, se adeudan al menos tres aguinaldos y los aportes previsionales no se realizan desde noviembre, mientras la dotación de personal se redujo drásticamente: de unos 50 empleados, hoy quedarían apenas 20.
El deterioro del servicio es alarmante. Guardias cubiertas por una sola enfermera durante extensas jornadas, ausencia casi total de especialistas y médicos que continúan trabajando sin cobrar desde hace meses configuran un escenario crítico. El testimonio del Dr. Galarza, con 25 años de trayectoria en la institución, sintetiza la gravedad del cuadro: seis meses de guardias impagas y cuatro aguinaldos adeudados, en el marco de un modelo de gestión basado en cápitas de PAMI que resulta inviable en las actuales condiciones, tal como lo advirtieron los propios trabajadores del lugar.
A este panorama se suma un frente legal complejo. Con alrededor de 30 juicios en curso y deudas acumuladas, el IMO enfrenta un escenario que desalienta cualquier intento de inversión o rescate privado. Muchos empleados ya se consideran despedidos de hecho y reclaman una definición clara ante el Ministerio de Trabajo sobre el futuro de la clínica.
En este contexto, el gerente de la institución, Andrés Fuentes, reconoció públicamente la delicada situación financiera. Tras asumir el gerenciamiento en noviembre de 2025, dio la cara ante los reclamos y confirmó una parálisis casi total de las actividades. Fuentes prometió completar parte de los pagos salariales el próximo 20 de febrero, aunque aclaró que la continuidad del sanatorio depende de negociaciones aún inconclusas con IOMA y PAMI.
En resumen, en las últimas horas, en medio de los reclamos, trabajadores y vecinos confirmaron que la puerta principal del IMO fue cerrada con candado, lo cual simboliza el colapso de esta institución que supo ser clave para la atención médica de la ciudad.
Pero la preocupación ya no es sólo laboral. Los vecinos expresan un profundo pesar por la crisis de la clínica y advierten sobre el impacto directo en la situación sanitaria del distrito. En ese marco, crecen los reclamos para que “den la cara” quienes en otros tiempos celebraban inauguraciones y se mostraban públicamente vinculados al proyecto.
Las críticas apuntan a la Federación Argentina de Remiseros (quienes habían comprado la institución) y a los actuales concejales «Coty» Alonso, que al momento de la reinauguración era diputada nacional, y Fernando Cabani, que en ese momento era director ejecutivo de la UGL XXXVIII del PAMI. Ambos señalados por los vecinos como actores políticos que supieron posar para las fotos, pero que hoy permanecen en silencio frente a una crisis que afecta a trabajadores, pacientes y a toda la comunidad.
El caso del IMO expone las debilidades estructurales del sistema de salud privado en ciudades del interior y la necesidad de respuestas claras por parte de quienes tienen algún grado de responsabilidad política, gremial o institucional. Mientras tanto, los reclamos y la preocupación crecen.