El Gobierno argentino sancionará a empresas proveedoras de servicios esenciales como luz y gas que incluyan tasas municipales o provinciales en sus facturas a partir del 11 de octubre.
Según fuentes oficiales, se abrirán sumarios que podrían derivar en multas millonarias, con montos que oscilan entre $374.129 y $1.571 millones. La medida busca hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, que regula exclusivamente a las empresas, no a los municipios. Sin embargo, varios municipios han presentado amparos judiciales, generando tensiones entre los gobiernos locales y las compañías.
La provincia de Buenos Aires, a través de su ente regulador, rechazó la medida, señalando que las distribuidoras de energía pueden incluir conceptos ajenos al servicio siempre que se respeten los derechos del consumidor. Esta postura plantea un posible conflicto de competencias entre el Gobierno nacional y las jurisdicciones locales. Analistas advierten que la medida podría ser inconstitucional por afectar las autonomías provinciales, mientras que el Gobierno insiste en que la regulación se dirige únicamente a las empresas.