Los beneficiarios deberán ir de manera obligatoria y presencial a predios en donde encuestadores de las universidades les tomarán datos sobre su situación patrimonial, laboral y educativa.
A más tardar en los próximos 10 días, el Gobierno comenzará a desplegar una de sus mayores apuestas en el marco del giro que intenta imprimirle a la gestión el ministro de Economía, Sergio Massa.
Se trata del inicio de las auditorías oficiales sobre los beneficiarios de planes sociales, que otorgan subsidios del Estado a más de 1,3 millones de personas e involucran fondos por $31.000 millones por mes, según los números de agosto (por el aumento del salario mínimo vital y móvil, hay un efecto sobre el Plan Potenciar Trabajo).
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, área que encarará el proyecto, aseguraron que “en los próximos días” comenzará el operativo. Implica que cada uno de los beneficiarios deba ir presencialmente a puntos asignados para hacer una declaración jurada.
La UBA y la UTN serán las encargadas de proveer el personal y la capacidad técnica para que los encuestadores reciban a cada uno de los beneficiarios.
Aunque no garantizarán empleo, fuentes oficiales indicaron que el sondeo posibilitará armar una suerte de “bolsa de trabajo”, ya que el trámite será personal y no anónimo. Se recolectarán los datos de todos los beneficiarios para “diseñar estrategias que permitan fortalecer las distintas actividades”. [Con información de La Nación]