En una escalada del conflicto laboral, la empresa La Suipachense enfrenta una profunda crisis que amenaza 150 puestos de trabajo. La disputa, centrada en los retrasos salariales de julio, ha llevado a los empleados a protestar en Chivilcoy. La empresa, por su parte, ha acusado al sindicato ATILRA de violencia, incluyendo amenazas y la toma de la planta, lo que ha provocado una caída del 50% en la producción.
Manifestación frente a la sede local del Ministerio de Trabajo
La situación se agravó con el despido de nueve trabajadores, a quienes la compañía vincula con los incidentes. Sin embargo, el sindicato desmiente estas acusaciones, argumentando que los despidos son una represalia por su reclamo de sueldos adeudados. Mientras tanto, las negociaciones buscan una solución en el Ministerio de Trabajo, con la participación de la CGT local.
Acusaciones cruzadas: Violencia vs. Reclamo salarial
La empresa, que pertenece al grupo venezolano Maralac, ha denunciado que dirigentes sindicales han protagonizado actos de violencia dentro de la planta, incluyendo amenazas a sus directivos y familias, la retención de gerentes y la toma de las instalaciones administrativas. Según la compañía, estos incidentes han sido la causa de una drástica caída en la producción, que se ha reducido a la mitad, pasando de 4 a 2 millones de litros de leche procesados por mes.
En respuesta, el conflicto se intensificó con el despido de nueve trabajadores a quienes la firma acusó de estar involucrados en estos actos violentos. Sin embargo, el sindicato ha desmentido rotundamente las acusaciones. ATILRA sostiene que la verdadera razón de la tensión es el incumplimiento salarial y la decisión de los trabajadores de reclamar los haberes adeudados. La situación sigue sin resolverse, con el futuro de 150 familias en el limbo mientras las partes intentan negociar.