Florencia Válvoli brindó detalles sobre la Ley 25.929 de Parto Humanizado.
La abogada Florencia Válvoli, en el marco de lo que fue la Semana de Parto Humanizado, hizo referencia a la violencia obstétrica, que es un tipo de violencia de género.
En este sentido, buscando que se reflexione y se tome conocimiento al respecto, brindó detalles sobre la Ley 25.929 de Parto Humanizado, que fue sancionada en nuestro país en el año 2004.
«La violencia obstétrica se entiende como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929», explicó en términos generales.
Seguidamente, en primer lugar, remarcó que toda persona gestante tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas para que pueda optar libremente.
En cuanto al trato, explicó que «el eje es el respeto en forma individual y personalizada, respetando sus pautas culturales. También se debe priorizar el parto natural, sus tiempos biológicos y psicológicos.
A la vez, la persona debe ser informada sobre la evolución del parto y estado de su hijo, como así también partícipe de sus actuaciones. Asimismo, tiene derecho a estar acompañada con una persona de su confianza durante el trabajo de parto, el parto y el postparto; y a tener a su hijo a su lado, en caso de no requerir cuidados especiales.
Por otro lado, en base a los números que detalla el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022), según la última encuesta realizada en el año 2017, el trato deshumanizado es lo más denunciado con un 82%. Luego, vienen la falta de Información (44%), medicalización (42%), no respeto a la decisión de la mujer (34%), contacto con hijo (28%), privacidad e intimidad (19%), negar acompañante (16%), cesárea (15%), neonatología (14%), y problemas edilicios (5%).
Cabe remarcar que «las denuncias recibidas refieren a instituciones de gestión privada en un 64% y el restante 38% a instituciones de gestión pública».