Tras el descubrimiento de comedores comunitarios fantasmas y fraudes millonarios en la distribución de los recursos, la pregunta es quiénes y cómo se manejan los recursos públicos.
A partir de una auditoría del Renacom (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), se detectó que casi la mitad de los comedores comunitarios registrados en el programa «Plan Nacional Argentina contra el Hambre», no existen.
El Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, tenía como objetivo garantizar la seguridad alimentaria a los sectores vulnerables, asegurando el acceso a alimentos y prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.
De esta forma, el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una denuncia ante la Justicia Federal por las graves irregularidades encontradas, apuntando a la falta de control sobre los fondos destinados a dicho programa.
De los comedores registrados, solo se pudo verificar la existencia del 52,3%, mientras que el resto no pudo ser localizado por diversas razones: el 32% ya no funcionaba, el 25% de los datos de preinscripción no coincidían con la realidad (direcciones inexistentes o que no correspondían a comedores) y el restante 23% no pudo ser contactado.
Extorsión
Asimismo, se abrió una línea 134 para que los beneficiarios de planes sociales puedan denunciar aprietes por parte de dirigentes de movimientos sociales. El Gobierno informó que del análisis de estas pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente.
Allanamientos
En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal avanzó con 27 allanamientos a comedores y definió la intervención de líneas telefónicas a varios acusados por el delito de extorsión.
Éstos «habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos», según la investigación.
Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.
Tras el descubrimiento de comedores comunitarios fantasmas y fraudes millonarios en la distribución de los recursos, la pregunta es quiénes -realmente- y cómo se manejan los fondos públicos en cada rincón de la Argentina.
Ante estas irregularidades, es imperiosa la necesidad de que exista una mayor transparencia y control por parte del Estado, mientras más de la mitad de la población de nuestro país vive bajo la línea de la pobreza.