Así lo manifestó días atrás, Darío Corrao, presidente de FETAP, en el anexo de la Cámara de Diputados.
En el marco de una reunión informativa en el anexo de la Cámara de Diputados, el presidente de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires, Darío Corrao, se refirió a la crítica situación que atraviesan los trabajadores con discapacidad que se desempeñan en los talleres protegidos de todo el país.
“Desde la Federación de Talleres Protegidos trabajamos para defender los derechos de los trabajadores con discapacidad y de las organizaciones que nos acompañan día a día”, expresó Corrao, quien detalló que el Programa Nacional de Talleres Protegidos incluye actualmente 263 organizaciones en funcionamiento y más de 6.500 personas con discapacidad que desarrollan distintas tareas en esos espacios.
Sin embargo, el dirigente advirtió que estas personas no perciben un salario, sino una ayuda económica mensual de apenas 28.000 pesos, un monto que no se actualiza desde febrero de 2023 y que, de acuerdo con la Resolución 129, permanecería congelado hasta diciembre de 2025.
“Estamos hablando de ingresos muy por debajo de la línea de pobreza. En otras palabras, personas con discapacidad que trabajan hoy están en la indigencia”, señaló Corrao.
Asimismo, recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, en su artículo 4 inciso C, dispone garantizar el financiamiento adecuado y sostenible para cumplir con la Ley N° 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
Dicha normativa establece en su artículo 26 una asignación mensual estímulo no remunerativa equivalente al 40% del salario mínimo, vital y móvil para cada trabajador con discapacidad que se desempeñe en un taller protegido especial. También contempla beneficios como aportes patronales y personales, equipos multidisciplinarios de acompañamiento, seguro de riesgo de trabajo y la obligación de calcular un presupuesto anual acorde a la inflación proyectada.
“Estamos reclamando el cumplimiento efectivo de la ley y una actualización que reconozca el valor del trabajo que realizan estas personas. No se trata solo de una cuestión económica, sino de dignidad y derechos”, subrayó Corrao.
El presupuesto para la aplicación de la ley N° 26816, con una inflación estimada del 25% anual promedio para el 2026, da que un operario debería cobrar un total de $182.687,40, mientras que el impacto presupuestario total sería de $29.683.494.673,20, según los números informados en esta charla.