El diputado nacional Daniel Arroyo encabezó el encuentro en Chivilcoy, acompañado por funcionarios provinciales. La iniciativa busca garantizar derechos básicos frente a un sistema colapsado y en medio de la polémica por el veto presidencial.
En el salón de actos de la Escuela de Educación Especial Nº 502 se llevó a cabo el conversatorio sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. El encuentro fue encabezado por el diputado nacional Daniel Arroyo —autor de la norma— junto al director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Lucero, y el director provincial de Educación Especial, Sebastián Urquiza.
Los funcionarios fueron recibidos por el vicepresidente de la FETAP, Darío Corrao, quien agradeció la presencia de las autoridades y remarcó la importancia de la Ley para la sostenibilidad de los Talleres Protegidos, tanto en materia salarial como en la continuidad de los tratamientos de sus operarios.
Arroyo cuestionó en duros términos el veto presidencial a la norma aprobada en el Congreso, que declaró la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. “Es un error absurdo que profundiza el colapso del sistema y afecta de manera directa a miles de familias en todo el país. No hay ningún fundamento racional para impedir que las personas con discapacidad tengan garantizado el acceso al transporte, a la salud y a sus tratamientos”, aseguró en diálogo con la prensa.
El legislador subrayó que la Ley representa “un avance claro en el Congreso, acompañado por una amplia mayoría de legisladores de todos los espacios políticos” y destacó que “no tiene impacto fiscal, es pura justicia y humanidad”.
Los ejes de la Ley
Durante el conversatorio, Arroyo explicó los tres puntos centrales de la iniciativa:
▪️Reorganización del nomenclador: busca garantizar que los transportistas perciban el valor real de los costos para asegurar el traslado de los pacientes, al tiempo que se contemplan recursos para la continuidad de terapias, medicamentos, acompañamientos y el funcionamiento de hogares y centros de día.
▪️Auditorías correctas: la ley plantea un cambio en los mecanismos de control, para evitar prácticas que obligan a las personas con discapacidad a viajar cientos de kilómetros o a perder su pensión por errores administrativos.
▪️Maltrato institucional: el tercer eje apunta a erradicar prácticas de estigmatización y desvalorización hacia las personas con discapacidad, visibilizadas en recientes audios filtrados que revelaron situaciones de corrupción y expresiones discriminatorias en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Una situación crítica
Arroyo también describió la gravedad del panorama actual: “Un operario de un taller protegido cobra 28 mil pesos al mes, un acompañante terapéutico apenas 3 mil la hora y los hogares y centros de día están al borde del cierre. El sistema está desacomodado y, además, ahora se suma el maltrato. No es sólo invisibilización, es un ajuste brutal sobre quienes peor la pasan”.
El debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad continuará en el Congreso: tras el rechazo al veto en Diputados, será necesario reunir dos tercios de los votos en el Senado para revertir definitivamente la decisión presidencial.