La Justicia Federal ordenó varios allanamientos en simultáneo en 30 de Agosto, Trenque Lauquen, Chivilcoy, una localidad de Córdoba y otra en Santa Fe, derivados de la mega causa por Comercialización de cereales en negro, que incluyó la utilización de claves fiscales “robadas” a personas que nada tenían que ver con el mundo del agro y uso de tecnología que permitía ocultar las direcciones de IP desde donde se emitía la documentación digital, a la vez que se estaría investigando la posible connivencia de personal de AFIP.
La noticia anticipada por Radio Mágica de Pehuajó consignó que es en el marco de una investigación por maniobras de venta de cereal en negro, por presunta comisión de los delitos de asociación ilícita fiscal y evasión tributaria.
Hubo hermetismo judicial en torno a la identidad de los empresarios que a muy temprana hora tuvieron que abrir las puertas de sus domicilios para permitir la acción judicial, que estuvo acompañada por la DDI Trenque Lauquen y la Policía Rural.
La información oficial que se dio a conocer el lunes por la noche no reveló las identidades de las personas cuyos domicilios fueron allanados.
Los dispuso el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de una causa en la que se investiga a un gran número de personas involucradas en la venta de cereal sin declarar.
Los allanamientos
Los operativos, que incluyeron allanamientos de campos, oficinas administrativas, acopiadoras de cereal, estudios contables y casas particulares tanto de productores agropecuarios como de contadores, se realizaron en localidades de Trenque Lauquen y Chivilcoy (provincia de Buenos Aires), y en las ciudades de Rosario y Funes, en la provincia de Santa Fe, y en la localidad de Guatimozín, en la provincia de Córdoba.
Allí se secuestraron grandes sumas de dinero, importantes cantidades de cereal, armas, dispositivos electrónicos como computadores, celulares y discos externos, como así también documentación que daría cuenta de la maniobra investigada.
Trámite de la causa
La causa, en trámite ante el Juzgado desde septiembre del año 2022, se inició a través de distintas presentaciones que dieron cuenta de una posible organización de personas que se encargarían de falsear datos ante la AFIP a través de una compleja maniobra, en la que se encontrarían involucrados contadores, productores agropecuarios, acopiadoras de cereales y otras personas que oficiarían de intermediarios entre ellos.
La investigación del Juzgado Federal de Pehuajó, que involucra diversos agentes locales, podría implicar una pena de hasta 10 años de prisión para las personas involucradas. (InfoGEI)Ac