Se abrieron las primeras licitaciones. Costará entre 140 y 180 millones cada edificio. La oposición dice que son “comisarios” para los intendentes de otras fuerzas.
El gobernador Axel Kicillof anunció que la Provincia construirá “mini gobernaciones” en 134 municipios para concentrar en esos edificios todas las gestiones relacionadas con la administración provincial. Será una inversión millonaria en infraestructura y la decisión provocó una reacción en cadena desde sectores de la oposición que consideran que se trata de un intento por condicionar la tarea de los intendentes y de armar “municipios paralelos” para hincar una cuña en las gestiones de Juntos por el Cambio.
El programa “Casas de la Provincia” asomó el pasado jueves con la primera licitación para la obra que se realizará en Baradero. En las próximas tres semanas se adjudicarán otras 24 construcciones para levantar en Chascomús, Ezeiza, Necochea, Bolívar, Olavarría, Saladillo, General Viamonte, Pila y Madariaga entre otras ciudades.
El presupuesto 2021 aprobado por la Legislatura contempla algo más de 12 mil millones de pesos para la primera parte de este programa. El cálculo final determina otra erogación futura de 46 mil millones según estimaciones oficiales para llevar las delegaciones de la Gobernación a cada una de las cabeceras de la Provincia, a excepción de La Plata, obvio, donde funciona la cabeza del Estado bonaerense.
En el gobierno de Kicillof sostienen que en esas “Casas” funcionen, centralizadas, dependencias de ARBA, el Registro Provincial de las Personas, IOMA, el Ministerio de Trabajo, las regiones sanitarias, las dependencias educativas y también oficinas del Bapro. “Facilitar los trámites a la ciudadanía. Hacer más ágil la gestión de las cuestiones públicas”, según definió la ministra de Gobierno provincial, María Teresa García.
Desde hace años, las tareas de esas oficinas y de otras que reportan a La Plata se despliegan en centenares de edificios rentados por el gobierno central. “En algunos casos se pagan alquileres demasiado caros, durante décadas. Con esta iniciativa queremos dejar plantada una solución definitiva”, es el argumento de la ministra García.